El proyecto del gobernador, Juan Manzur, para modificar aspectos de la ley que regula el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) encontró respaldo en el oficialismo y en parte de la oposición. Cinco legisladores votaron en contra, debido a que reclamaban la inclusión de un artículo que limite el plazo del jefe del Ejecutivo en la selección de las ternas de candidatos.

La iniciativa, que debe ser promulgada, faculta al gobernador a devolver una lista de postulantes al CAM cuando, “por cualquier causa, no tengan la posibilidad de elegir entre los tres” concursantes preseleccionados. En estas situaciones, el Consejo deberá completar la terna con el próximo candidato que surgía del orden de mérito. En caso de que esto no fuera posible, el concurso será declarado desierto.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Caponio, introdujo dos cambios al dictamen definitivo. El primero, para que el CAM quede impedido de elevar de manera simultánea dos ternas con los mismos postulantes. El segundo, para que los concursantes que lleguen a la instancia de la entrevista sean sometidos a una evaluación psicológica, no vinculante pero sí útil a los fines de la decisión final. “Desde que se diseñó la Constitución, siempre el Ejecutivo tuvo la facultad del nombramiento de los jueces, con acuerdo de la Legislatura”, remarcó Caponio. Y cuestionó aspectos del Consejo Asesor, el órgano a cargo de los concursos que cuenta con representantes del Poder Judicial, de la Legislatura y de los letrados colegiados. “En el CAM persiste un grupo de abogados que tiene interés en la designación de jueces”, lanzó el peronista, también recibido en Derecho. Y además de considerarlos “una camarilla”, sostuvo que esos profesionales buscan hacer “plata” a través del ejercicio de la abogacía. “¡Sí, señor!”, exclamó desde una banca cercana el oficialista Luis Espeche.

Nombres que duermen

El radical José Canelada pidió que se fije un plazo al PE para elevar los pliegos a la Legislatura. “Que nunca más los nombres de los postulantes propuestos por el CAM duerman ocho meses o un año en el despacho del gobernador”, sostuvo el jefe del bloque UCR. Y tras advertir sobre una posible “manipulación” en el mecanismo, señaló que hay postulantes “que salen primeros en el orden de mérito, y son proscritos”, mientras que otros alcanzan la magistratura “con promedio de aplazo”. “En la actualidad, el Poder Ejecutivo sí cuenta con las herramientas para que funcione correctamente la cobertura de cargos (vacantes en la Justicia)”, añadió Canelada.

Fernando Valdez, también de la UCR, relató su experiencia como integrante del CAM por la minoría de la Legislatura. Consideró que el sistema “funciona”, aunque a la vez es “perfectible”. En ese sentido, recordó su propuesta para que los pliegos tengan un plazo de 90 días para su tratamiento. Y destacó que, a su criterio, cuando se repiten los nombres en distintas ternas es porque “son personas que estudian, se preparan y van adquiriendo mayor capacidad para rendir los exámenes”.

La iniciativa requerida por Manzur tuvo 35 votos a favor, y el rechazo de los opositores Eudoro Aráoz (UCR), Luis Brodersen (PRO), Canelada, Adela Estofán (UCR) y Claudio Viña (Nueva Fuerza-Cambiemos).

> Los cinco pliegos aprobados por unanimidad
- Ignacio López Bustos (fiscal de Instrucción Penal, Capital)
-  Alejandra Carrera (jueza de 1° Instancia de Trabajo, Monteros)
- Mirta Casares (jueza de 1° Instancia Civil y Comercial, Capital)
- Raúl Carlos (juez de 1° Instancia Civil en Familia y Suc., Capital)
- Mariano Eduardo Fernández (fiscal de Cámara Penal, Capital)